«Desgraciadamente, la paralización cautelar del Plan de Rabasa afecta también a la implantación del centro comercial de Ikea». La alcaldesa de Alicante se refería así al auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que paraliza la actuación urbanística prevista en Rabasa. La primera edil anunció que «vamos a sentarnos con los representantes de Ikea para estudiar las alternativas que sean necesarias para que mantengan su propuesta de instalarse en Alicante». Un encuentro que, aseguró, «se celebrará muy pronto». Según confirmaron a este diario fuentes municipales, se celebrará la próxima semana. La multinacional del mueble anunció su intención de que en 2012 entraría en funcionamiento el macrocomplejo comercial que ha proyectado en suelo de Rabasa. La alcaldesa sabe de las prisas de Ikea y tratará de evitar su fuga de la ciudad.
La primera autoridad municipal considera que «Alicante no puede perder una oportunidad como ésta para que se instale un centro comercial de estas características», que supone la creación de un gran número de puesto s de trabajo y una inversión multimillonaria.
Castedo señaló que en la reunión habrá técnicos del Ayuntamiento con el fin de analizar cualquier otra propuesta de ubicación que propongan los representantes de Ikea o incluso que se le pueda proponer por parte del equipo municipal de Gobierno. Algo que, según señaló, se estudiará de manera conjunta para resolver todos los problemas que se puedan presentar, si bien no quiso adelantar si se ha estudiado ya un emplazamiento concreto para ofrecer a la empresas.
En cualquier caso, Castedo rehusó pronunciarse sobre la prepuesta del grupo municipal socialista de que Ikea se pueda instalar en terrenos de Las Atalayas, en las naves que ocupó Altadis. Señaló que «Rabasa ha sido siempre la alternativa que ha planteado Ikea para su proyecto, que es de grandes dimensiones, porque considera que les ofrece mejores comunicaciones y accesos».
El auto judicial sobre el Plan Rabasa ha adquirido mayor trascendencia social desde la aparición de Ikea en la escena alicantina. De hecho, siendo importante el revés judicial, sólo es una medida cautelar que, al margen de Ikea, retrasa un proceso administrativo (urbanización y reparcelación, principalmente) que Enrique Ortiz no parecía muy interesado en desarrollar, al menos de momento. De hecho, en el Ayuntamiento esperan desde siete meses que el controvertido empresario moviera alguna ficha del Plan Rabasa. Dicho de otra manera, la suspensión cautelar no debe preocuparle tanto, si no fuera por su acuerdo con Ikea para la venta de suelo.
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